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Las empresas tendrán más fácil acceder a los concursos públicos

JAVIER GARCÍA RECIO. MÁLAGA El Ayuntamiento de Málaga, así como sus empresas y organismos autónomos, no va a exigir a las empresas que deseen presentarse a un concurso público el aval provisional que la Ley de Contratos del Sector Público permite que las administraciones públicas puedan reclamar a dichas empresas.
El anunció lo hicieron ayer l a concejala de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Málaga, Carolina España, y el vicepresidente ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Javier González de Lara, que lo presentaron como un acuerdo que tiene el objetivo de facilitar e incentivar la presentación de las empresas a la licitación pública y, con ello, favorecer la reactivación del tejido empresarial de la ciudad.
Respuestas. De esta forma, según explicó la edil de Economía, el Ayuntamiento da respuesta a las reivindicaciones y peticiones que en este sentido se venían realizando desde distintos sectores de la economía malagueña. Además, señaló que durante 2009 se han ido adoptando medidas para que en las mesas de contrataciones del Ayuntamiento no se exigiese a los licitadores una garantía provisional para concurrir a las ofertas de contratos públicos que realiza el Ayuntamiento.
En concreto, el Consistorio se comprometió en no solicitar las fianzas provisionales que el articulo 91 de la Ley de Contratos del Sector Publico establece como potestativas para ser requeridas por las administraciones públicas a las empresas que desean presentarse a un concurso público. 
Este artículo establece que los órganos de contratación podrán exigir a los licitadores la constitución de una garantía que responda del mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación provisional del contrato.
El Ayuntamiento malagueño ha decidido no exigirlas "para favorecer la concurrencia de empresas a los concursos públicos y así estimular el tejido empresarial en la situación de crisis que vivimos", según anunció la edil Carolina España.
Por su parte, el portavoz de los empresarios, Javier González de Lara, se felicitó de la medida, "que debe servir de banderín de enganche para que otros ayuntamientos y entidades públicas se apunten a lo mismo".
González de Lara explicó que la mayoría de los ayuntamientos exigen el aval de este dinero "que es un dinero cautivo" y que en un año en Málaga, con una licitación de unos mil millones de euros, "supondría unos 150 millones que podrían estar en manos de las empresas".

Fuente: www.laopiniondemalaga.es



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